Los documentos que avalan la información de OKDIARIO sobre corrupción que Podemos Baleares pone en duda

En la Junta de Portavoces del Parlament celebrada este miércoles, Podemos ha vuelto a rechazar la comparecencia del ex juez y vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Yllanes, para dar explicaciones sobre el caso de corrupción que afecta a su departamento y por segunda vez lo ha hecho con el argumento de que las noticias del denominado caso Varadero las ha publicado OKDIARIO.

El caso Varadero hace referencia a la trama de corrupción en la conselleria de Yllanes que se ha saldado con la falsificación de un documento público con la finalidad de proteger a una serie de empresas del sector náutico que incumplían la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

La solicitud de comparecencia del podemita Juan Pedro Yllanes la había solicitado por segunda vez Vox, tras las últimas publicaciones de este medio sobre la apertura de diligencias de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma que afectan al número 2 de la conselleria que preside Yllanes.

La petición de comparecencia del ex juez ha sido tumbada por los partidos de la izquierda y la abstención del partido regionalista PI. El PSOE y los independentistas de Més per Mallorca no han argumentado su voto en contra de la petición de Vox, mientras que Podemos ha expuesto como único motivo que se trataba de informaciones publicadas por OKDIARIO.

De esta forma, Podemos pone en duda las informaciones de este medio sin esgrimir ningún otro argumento para desmentirlas. La realidad es que no hay posibilidad alguna de desmentido y OKDIARIO tiene en su poder todos los documentos que atestiguan sus informaciones sobre el caso Varadero.

La negativa de la izquierda a aceptar la comparecencia de Yllanes en el Parlament para dar explicaciones sobre el caso de corrupción que afecta a su departamento ha sido duramente criticada por el líder de Vox, Jorge Campos, quien también le reprocha a Podemos su argumento de que era un tema publicado por este medio.

Jorge Campos se ha manifestado así en una comparecencia ante la prensa: «La Justicia ha abierto diligencias de investigación y ha apuntado la posible existencia de falsedad de documento público. Son hechos lo suficientemente graves como para que el vicepresidente Yllanes dé explicaciones a los ciudadanos de Baleares».

Y prosigue Campos: «Podemos ha dicho que vota en contra porque lo ha publicado un determinado medio de comunicación, OKDIARIO. Esta es la libertad de prensa y de información que defiende Podemos. Si hay algo, que lo diga. Si no, que lo explique. Volveremos a solicitar la comparecencia una y otra vez, no para acusar a nadie, sino para que se den las aclaraciones oportunas. Tal vez, quien se niega a dar explicaciones es porque tiene algo que ocultar».

El argumento de la formación morada no se sostiene y como muestra el documento adjunto, el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma ha abierto diligencias por falsificación de documento público, señalando como acusados al número 2 de Yllanes, el director general de Industria, Antonio Morro, y a otro alto cargo del Govern responsable de la administración digital.

La investigación

La investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 10 no es sólo por la falsificación de un documento público, sino también por haber hecho desaparecer de la web el documento falsificado.  La falsificación de este documento evitó fuertes sanciones a las empresas del sector náutico afines al Govern por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. Además, y lo que es más importante, paralizó una investigación judicial que hubiera perjudicado tanto a las empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas como al propio Ejecutivo balear que las protegía.

Los hechos se remontan teóricamente al 29 de julio de 2020 cuando la Conselleria del podemita Juan Pedro Yllanes firmó una resolución por la que se archivan los expedientes sancionadores contra empresas del sector náutico afines al Govern. En realidad este documento no se firmó el 29 de julio sino que fue creado y firmado el 10 de septiembre del mismo año, según certifica el informe de los peritos judiciales informáticos.

Lo que sucedió es que el 9 de septiembre de 2020 el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern balear saca a relucir la resolución por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar y que, por tanto, no hay nada que investigar.